La educación escolar estatal gratuita de calidad cuesta anualmente en Canadá 7,000 dólares, en Francia o Alemania 6,000, en Japón 5,000. En el Perú, el estado invierte apenas 250 dólares al año. En América Latina los más cercanos son Chile con 1,800 y México con 1,500 dólares. A nivel universitario las diferencias son aún mayores, entre los 900 dólares anuales que el estado peruano financia por alumno de una universidad estatal, los 2,000 a 10,000 dólares que cuesta una universidad privada peruana, los 25,000 que cuestan las universidades públicas norteamericanas (aunque los estudiantes solo pagan un 50%) o los 45,000 que cuestan las privadas de la liga mayor. Salta a la vista que en el Perú difícilmente podremos tener una educación estatal escolar o universitaria gratuita de calidad comparable a la del primer mundo. Si bien la inversión anual por alumno en el Perú podría crecer un tanto mediante ahorros por eficiencia y elevando gradualmente el presupuesto educacional, nunca llegaremos a cerrar la brecha con el primer mundo.
En el caso de las universidades estatales, un comunicado publicado en “El Comercio” el 4 de noviembre del 2003 propone algunas estrategias para empezar a cerrar estas brechas abismales. Siete reputados científicos e ingenieros firmaron dicho comunicado, en representación de las academias peruanas de ingeniería, medicina, arquitectura, ciencias, colegios de ingenieros de Lima y del Perú y la facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Católica. Ellos son Juan Incháustegui, Rolando Calderón, Santiago Agurto Calvo, Alberto Giesecke, Eduardo Ísmodes, Julio Rivera y José Tong respectivamente.
En su comunicado ponen énfasis en reducir el número de facultades y estudiantes a la cantidad que pueda ser financiada garantizando calidad, eliminando el efecto “sopa diluída” por el cual se le da poca calidad educativa a una gran cantidad de estudiantes que llenan las universidades estatales, que asisten a ellas sin garantía alguna de que recibirán una buena formación. Junto con ello sostienen que las universidades no pueden ser juez y parte en el otorgamiento de títulos a nombre de la nación, y que tienen que ser lo colegios profesionales u otras entidades mixtas los que acrediten que el egresado está formado adecuadamente para desempeñarse en la profesión estudiada. Esta acreditación automáticamente pondría un límite a la cantidad de egresados mal formados ya que estos descubrirán rápidamente cuáles son las facultades que no los formaron bien y que deberían esmerarse por mejorar su calidad si quieren subsistir. Respecto a la falta de recursos, sostienen que la gratuidad universitaria no puede ser ciega e indiscriminada y que los estudiantes que proceden de hogares con capacidad económica deben aportar, para que combinando los recursos estatales con los privados las universidades cuenten con más capacidad económica que les permita ofrecer una mejor educación a todos.
Finalmente, argumentan que es fundamental darle un impulso a la formación e investigación científica porque de lo contrario nuestra dependencia hacia los conocimientos que se producen en el extranjero va a ser absoluta. Ya no se trata de compararnos con las superpotencias. Aún frente a nuestros vecinos igualmente pobres estamos muy rezagados. El Perú apenas gasta 1.65 dólares por habitante en investigación, que está muy lejos de los 3,2 dólares que gasta Bolivia, 9 dólares que gasta Colombia y 36 dolares por habitante que gasta Chile y Argentina.
En pocas palabras, lo que nos están diciendo es que dejemos de ser necios e indiferentes, y que empecemos a cambiar el discurso politico respecto al financiamiento de la educación. Dado que en el nivel de la infancia y la educación escolar el servicio educativo ya está segmentado y los que pueden pagar acceden a la educación privada, no tiene sentido modificar la gratuidad estatal universal en estos niveles; más bien habría que convocar a los padres y la comunidad para que hagan aportes complementarios. Pero en la educación superior el panorama es diferente. El 45% de los estudiantes de las universidades públicas proceden de colegios particulares donde siempre pagaron sus pensiones. En ese nivel, los políticos y gobernantes deberían empezar a decir cosas como estas: “señores, por más esfuerzos que el Estado haga por ofrecer una educación gratuita de calidad con equidad, eso resulta imposible. Las familias tienen que acompañarnos haciendo un esfuerzo por invertir también ellas algo de su parte, en función de sus posibilidades, y reconociendo que a las universidades deben llegar los estudiantes más aptos, para que cada centavo que se invierta en ellos sea realmente productivo. Hagamos un esfuerzo conjunto para lograr una universidad peruana de calidad”. Quizá eso sea más equitativo que engañar a la población ofreciendo imposibles.