“Aunque hayas pagado 13 años de educación inicial y escolar, dejarás de pagar por el solo hecho de ingresar a una universidad estatal”. Este incomprensible enunciado para un país tan pobre como el Perú representa en términos prácticos lo que aprobó la comisión congresal que elabora la nueva Constitución. Al parecer no han reparado en que hay un millón de alumnos en la escuela privada cuyos padres pagan mensualmente entre 15 y 750 dólares por la educación de sus hijos. De los 65,000 alumnos privados que terminan 5to de secundaria cada año, más los miles aún no ingresantes de años anteriores, unos 20,000 ingresan a las 33 universidades públicas. Todos ellos, de acuerdo al nuevo proyecto constitucional, quedarán exonerados del pago de la educación que recibirán, al cual sus padres estuvieron acostumbrados por elección propia, durante toda su vida escolar.
Esto obviamente afectará a las universidades estatales por partida doble. Por un lado, porque dejarán de recaudar millones de dólares al año procedentes de estos estudiantes con capacidad de pago. Por otro lado, porque sabiendo que hay un gran déficit de recursos, una merma adicional hará caer más aún la calidad de sus servicios, con lo que se perjudicarán estos mismos estudiantes junto con los más pobres que son no pagantes, porque todos recibirán una formación deficiente que afectará sus posibilidades futuras de empleo profesional y remuneración adecuada.
En EE.UU. una universidad privada de primera línea cuesta 40,000 dólares al año, aunque hay estatales que cuestan unos 12,000 dólares al año. En el Perú los estudiantes de las universidades privadas de primera línea pagan unos 8,000 dólares al año. En cambio en las públicas el Estado paga menos de 900 dólares por estudiante. Gracias al enunciado en este tema de la Constitución de 1993 y las leyes aún vigentes, estas universidades lograban elevar esta baja inversión en un 20 a 50% con recursos propios, provenientes entre otros del cobro de moderados pagos a los estudiantes pudientes.
Esta opción quedará cancelada si el dictamen de la nueva constitución se mantiene como está actualmente, que prohíbe cobro alguno hasta culminar el segundo título universitario. ¿Quién puede entender el sentido de esto? Parecería que se hace demagogia con la pobreza. Se obliga a los pobres a ser estafados con una formación universitaria deficiente que solo los condenará al empleo precario. ¿Esa es la gratuidad con equidad y calidad que prometen los legisladores?
La respuesta tradicional del estado peruano ante el reclamo económico de las universidades ha sido «no hay dinero», a la que se agrega la tendencia a reducir lo poco que les dan, por lo que tenemos un sistema universitario público que crece en sus necesidades pero decrece en sus recursos. Las únicas maneras de equilibrar esto es recortar parte del quehacer universitario, reducir la calidad ó aumentar los recursos. Como los recursos adicionales no van a venir del Estado, tienen que venir de algún otro lado. Concientes de las limitaciones financieras del Estado y la creciente demanda por cupos en la educación superior, la creciente tendencia regional es la diversificación de las fuentes de ingreso incluyendo el pago de pensiones que hacen los estudiantes en proporción a su capacidad económica, garantizando a su vez la gratuidad de quienes la requieren, incluyendo la provisión de viáticos y materiales de estudio, vía becas y créditos educativos a ser pagados con los ingresos que obtengan cuando trabajen como profesionales. El asunto del financiamiento de las universidades también tiene que ver con su capacidad de retener a los mejores investigadores y catedráticos que muchas universidades pierden porque el escalafón ciego no lo permite diferenciar sus remuneraciones. Ello obliga a gente brillante a irse a las universidades privadas, ó dedicarse solo a medio tiempo, ó irse del país. Esta es una problemática que las universidades no pueden dejar de discutir, aunque toque nervios muy sensibles de los propios catedráticos que incluye la envidia de los pares (¿»porque él va a ganar más que yo?”, “¿porqué a él lo van a consideran más que a mí si es que hemos hecho la carrera juntos?”). Es un problema de ineludible conflicto que surge cuando se piensa en un escalafón docente más flexible con el que deberán contar las universidades que quieran competir para estar en la vanguardia.
Debe ser claro para los congresistas que negarles recursos suficientes a las universidades y a la vez impedir que estos sean autogenerados, es un suicidio educacional, una condena a muerte a las universidades públicas, muchas de las cuales ya están agonizando en materia de competitividad.