Del tratamiento dado al TLC con EE.UU. en agricultura y propiedad intelectual aprendemos que la desinformación y la falta de una negociación oportuna con los posibles afectados crean un clima anti-TLC que podría evitarse. Al parecer, y basados en las preocupaciones expresadas por los mexicanos que tienen 12 años de experiencia con el TLC, hay una serie de asuntos críticos que no han sido abordados debidamente en el Perú respecto al posible impacto del TLC en la educación, con vacíos de información que podrían generar una reacción adversa a las negociaciones de no mediar un oportuno esclarecimiento.
Recordemos que Perú negocia conjuntamente con Colombia y Ecuador basados en los criterios de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y del Acuerdo General de Comercialización de Servicios (GATS), donde la educación aparece como un servicio que es objeto de comercialización. Algunas de las exigencias de estos tratados incluyen lo siguiente:

Compras del sector gubernamental.- El TLC obliga a las partes a licitaciones internacionales para comprar cualquier bien o servicio para educación (equipos de computación, pizarrones, textos, alimentos, etc.).
Inversión.- Toda inversión en el rubro educación quedaría abierta, eliminándose barreras que impiden el lucro.
Trato nacional.- Cualquier transnacional tendría trato semejante a los nacionales. Instituciones extranjeras podrían comprar instituciones educativas nacionales o aliarse con ellas para lucrativamente explotar el “servicio educativo”.
En el caso mexicano, los espacios que han ido copando los prestadores de servicios educativos norteamericanos, han sido principalmente el mercado de la evaluación y acreditación de instituciones.
Instituciones externas pueden decidir qué “servicio educativo” ofertar en el Perú, más allá de los requerimientos coyunturales o estratégicos del país. Pueden ofertar servicios educativos para un “mercado globalizado” y para los requerimientos de EE.UU., sin importar los requerimientos internos del país.
Una acreditación en manos de transnacionales puede sesgarse en contra de los peruanos, lo que podría obligar al Perú a reconocer los títulos de USA, pero no a la inversa.
Comercio transfronterizo de servicios.- Se refiere a la comercialización de servicios educativos por INTERNET, cursos virtuales, etc. Según la OMC-GATS, deben eliminarse todas las barreras a los “prestadores de servicio”.
Licencias y certificados.- Se deben dar todas las facilidades al libre tránsito de profesionales de otras partes. La mayor capacidad económica del foráneo le otorgará ventajas respecto al nacional.
Telecomunicaciones.- En el caso del TLCAN se obligó a los países firmantes a abrir las puertas de “sus redes o servicios públicos de telecomunicaciones (a) personas de otra Parte…” (Art. 1301).
Retomando el punto de impacto del TLC en la educación, hay que tomar nota que los mexicanos y colombianos han expresado su preocupación por el efecto del cambio del marco legal que asume a la educación como una función pública y del estado –sin fines de lucro-, por otra que asume a la educación como una mercancía transable en un mercado en el que las inversiones privadas transnacionales –con fines de lucro- deben recibir todas las facilidades. Si bien en el Perú la legislación permite el lucro en la educación, eso no ocurre en Colombia que le hará frente a este cambio. De prevalecer la posición de EE.UU. de dejar sin restricciones el comercio de servicios para la educación superior, educación de adultos y otros servicios en las modalidades de comercio trasfronterizo y de presencia comercial en Colombia y Perú, tendríamos en nuestros países una gran cantidad de oferta educativa norteamericana prestigiada. Esta favorecerá la capacidad de elección de los estudiantes peruanos y colombianos, pero podría sacar del mercado a muchas de las actuales universidades e institutos privados que no tengan altos estándares académicos. Los colombianos no quieren ceder tan rápido en esto.
Otra preocupación que tienen los colombianos es que si bien el TLC contempla los servicios presenciales transfronterizos, no establece acuerdos respecto a las visas americanas para los estudiantes, lo que en la práctica resulta en una asimetría en contra de los estudiantes colombianos (y peruanos).
También les preocupa que las universidades e institutos norteamericanos instalados en nuestros países tengan currículos diseñados en función de los intereses norteamericanos, eliminando los aspectos propios del proyecto de desarrollo nacional, la cultura y las identidad nacionales.
No faltan quienes piensan que podríamos estar frente a una “maquilización” de la educación. Los norteamericanos instalan sus colegios y universidades en nuestros países, forman los recursos humanos de acuerdo a sus necesidades a un bajo costo relativo, y luego se llevan a los más aptos.
Tenemos que tener respuestas sólidas para estas preocupaciones. Para ello hay que discutir abiertamente el tema. Así, nadie se sentirá engañado.