Las “conquistas” políticas desde los años ‘70 que fueron especialmente favorables al estatismo y al sindicato magisterial han terminado trabando el sistema educativo, poniéndolo al servicio de la administración y el Sutep más que de los propios alumnos. La burocracia y la legislación educacional son engorrosas y obstaculizan cualquier acción efectiva de las autoridades y la comunidad. Quizá llegó el momento de mejorar la educación mediante iniciativas que se salteen la distorsionada “institucionalidad educacional”, que permitan avanzar esquivando (legalmente) los impedimentos que emanan de las leyes, reglamentos, burocracias, resistencias sindicales y de funcionarios incompetentes o corruptos, en tanto esta maquinaria se refunda legalmente bajo la inspiración de políticos más visionarios. He aquí algunas opciones.

1) Expandir la atención universal a la infancia mediante organizaciones comunales (de gestión privada), pero con financiamiento estatal, como en los comedores populares o comités de Vaso de Leche.
2) Crear colegios públicos regionales experimentales, que siendo gratuitos se administren bajo un régimen de gestión privada pagados con “vouchers” regionales.
3) Establecer incentivos económicos regionales al buen desempeño docente a partir de la evaluación que haga cada comunidad educativa y APAFA sobre los profesores con méritos especiales.
4) Publicar los objetivos que tienen que alcanzar los alumnos en cada grado y tomar exámenes regionales, entregando a los directores y APAFA de cada colegio sus respectivos resultados para estimular la presión social por la mejora de la calidad.
5) Promover el acceso universal de los profesores y alumnos a computadoras e internet fuera de los colegios, tercerizando el servicio a través de cabinas públicas, bibliotecas comunales o similares, financiadas por el Estado.
6) Entregar a los colegios un monto de dinero para que, en coordinación con las APAFA, establezcan libremente cursos electivos (inglés, gestión empresarial, arte, etc.), para cuyo desarrollo puedan contratar profesionales que no tengan que ser pedagogos de carrera.
7) A nivel universitario, en lugar de repartir los 50 millones anuales del Fedadoi por igual y a ciegas entre las 31 universidades públicas, convertirlos en fondos concursables por proyectos de investigación.

Implementar planteamientos legales y viables como éstos podría crear las bases para provocar un efecto de demostración sobre aquello nuevo que puede funcionar bien, que tendría así el peso social suficiente para estimular a los políticos visionarios y corajudos para que promuevan los cambios pertinentes en la gestión, financiamiento y legislación del sector