Veamos la estructura del debate que hubo sobre los requisitos para contratar maestros. Primero, el ministro Chang anuncia sorpresivamente que sólo serán contratados quienes como estudiantes pertenecieron al tercio superior del instituto o universidad. Segundo, todo el espectro de los interesados se pronuncia: Consejo Nacional de Educación, Foro Educativo, gobernantes regionales, Sutep, funcionarios, congresistas, especialistas, columnistas, etc. El ministro Chang, el presidente García y hasta algunos colegas columnistas inusualmente descalifican a quienes sostienen objeciones por ignorantes, ingenuos o mal intencionados. Tercero, dado que el decreto tiene evidentes fisuras y el ministro confunde liderazgo con inflexibilidad, el país se polariza. Cuarto, el costo político empieza subir, y los actores políticos irritados se movilizan para oponerse de hecho al decreto: los gobiernos regionales desacatan y Patria Roja le suma a otros conflictos sociales el tema magisterial. Quinto, el gobierno se da cuenta de que la situación es insostenible y debe ser desactivada. Meche Cabanillas pide revisar el tema y propone una vía. Del Castillo convoca a los presidentes regionales para conciliar. Alan García sale a reformular el equivocado decreto, aunque tratando de no desamparar al ministro Chang. Declara que «el ministro encontrará un complemento necesario para que nadie se sienta excluido de la posibilidad de ser contratado y nombrado en la educación pública». El viceministro, hábil, les muestra la salida. Luego Antonio Chang dice: «Los maestros que, no siendo del tercio superior, pero que participaron en la evaluación censal del 2007, que hayan alcanzado los niveles suficientes en comprensión lectora, razonamiento matemático, conocimiento del diseño curricular y de su especialidad, podrán también participar en el proceso de concurso de plazas contratadas». En suma, acepta que el criterio de la pertenencia al tercio superior es equivocado y pasa de defender un criterio tan polémico a sostener el principio de escoger a los mejores -pero con otros procedimientos-, objetivo con el que todos están de acuerdo. Sétimo, se reúne Del Castillo con los presidentes regionales y fuman la pipa de la paz. El gobierno se retracta -como era previsible-, aunque a costa de un enorme desgaste del ministro y un enfrentamiento inútil con muchos de sus potenciales aliados educacionales. Pregunto: ¿Tiene que ser así? No es el único conflicto que se ha resuelto de este modo, desgastando al gobierno. Por cierto, éste no está obligado a hacer lo que sugieren o exigen quienes no gobiernan, pero ¿al menos escucharlos con apertura, cordialidad y sin ofender?