El gobierno nos convoca a imaginar al Perú como un país que está dando grandes pasos hacia el progreso gracias a los importantes logros acumulados en su desarrollo económico. Para que ello ocurra, las instituciones públicas tienen que estar sintonizadas con este afán de actuar con eficiencia y creciente productividad. A juzgar por lo que escuchamos diariamente de los ciudadanos que quieren atenderse en los servicios de salud y educación, hay un divorcio enorme entre la autoimagen de estar en vías del desarrollo y la realidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

 

Les comento una reciente experiencia personal que ilustra la contradicción entre modernidad y servicio al ciudadano. Me tocaba renovar mi DNI en la Reniec de Lima, trámite que debería durar 1 minuto, consistente en entregar un recibo pagado en el BN ó BCP, una foto y actualizar mi firmar en una plantilla con datos preimpresos existentes en la computadora.

Acudí al local de Jesús María sin apelar a las facilidades que las personas con cierta presencia pública suelen obtener para estos trámites. Llegué a las 10.00 AM y tuve que colocarme en una cola de una cuadra y media, que calculo tenía unas 400 personas delante de mío.

 

Estuve haciendo cola parado bajo el sol hasta la 1.00 P.M. solo para llegar a ingresar al local de la Reniec, en el que de 19 puestos había 6 sin atención. Había sillas apenas para la mitad de los congregados. Luego tuve que esperar hasta las 4.45 P.M. para que me tocase el turno de ser atendido por ese minuto que requería mi trámite. Casi 7 horas de colas y esperas incómodas, un día de trabajo perdido, un tremendo desgaste anímico, para llegar a ese salvador minuto de atención.

 

¡Cuánta incompetencia! Si hubiese habido en el local un agitador profesional no me habría sorprendido que fácilmente hubiera logrado incitar al resto a tomar alguna medida de fuerza. Pensé en las carreteras tomadas…

 

La experiencia aunque terriblemente agotadora y frustrante, me resultó aleccionadora. Me conectó instantáneamente con los miles de peruanos que diariamente hacen colas para ser atendidos en su salud, sacar brevete o para algún trámite en entidades públicas, ministeriales, municipales o judiciales, y la acumulación de cólera y malestar que eso va grabando en el alma peruana por la incompetencia de las autoridades que no terminan de entender qué significa ser servidores públicos. Obligan a un día de “paro” para rendirles pleitesía a las incompetentes autoridades de estas entidades públicas. Sería tan sencillo calcular la demanda diaria de DNI (por el que además se paga 24 soles) para disponer de la atención oportuna y eficiente…

 

Ese día me sentí “anti-sistema”. Solo pensar en las mejoras vistas en algunas entidades como Migraciones me animó a pensar que “llegarán tiempos mejores”.

 

Mientras esperaba, se me ocurrió escribir este artículo que además de ser una queja pública, pretende sumarse a las de miles de peruanos que tenemos que aprender a elegir autoridades municipales, regionales, nacionales y congresales pensando con más énfasis en elegir a quien respete el derecho ciudadano al buen trato y servicio amable.

 

Algo que me asombra mucho en el Perú es la complacencia con la mediocridad. Elegimos ciegamente a las autoridades cuya incompetencia luego pagaremos con creces. En lugar de revisar la trayectoria del candidato, su vocación de servicio, su capacidad profesional para resolver problemas, nos quedamos en el voto emocional por el candidato que el partido designó, por el que representa a la oposición, por aquél que canta rancheras ó aquella que sabe bailar y congrega multitudes con sus atrevidas declaraciones. Esos son los que luego nombran o colocan a los funcionarios que nos hacen sufrir.

 

Pensaba si no había llegado acaso la hora de conformar una especie de “partido por el derecho ciudadano”, que sin llenar planillones simplemente tenga en mente la búsqueda de los candidatos idóneos, capaces de resolver los problemas prácticos cotidianos. Después de todo, qué es la reforma del estado, sino aquél esfuerzo por convertirlo en un estado funcional, que sirva adecuadamente a la ciudadanía. Eso requiere de nosotros denunciar los malos manejos, levantar la voz de protesta y a la vez aplaudir a quienes hacen las cosas bien al servicio de la comunidad.

 

Si en concordancia con la constitución y las leyes todos los peruanos tuvieran acceso a un servicio de educación y salud bien gerenciados y financiados, pocos serían los que estarían pensando en postulados llamados “anti-sistema”. No se desperdiciaría el tiempo en colas y maltratos que llenan el alma con amargura. Abundaría el optimismo y la esperanza, y habría muy pocos que pensarían que hay que disolver este estado porque no es funcional a las necesidades de la ciudadanía.