En el Perú los barrenderos, canillitas, campesinos y vendedores ambulantes de golosinas subsidian a los egresados de los colegios como Markham, Santa María, León Pinelo y similares para que estudien gratuitamente medicina o industrias alimentarias en universidades como San Marcos o Agraria. Una vez graduados, estos médicos o ingenieros, así ganen fortunas o radiquen en el extranjero, no tendrán ninguna obligación de retribuir ni un centavo al país por haberles dado una formación de alto nivel que les permitió enriquecerse.

Algo más; estos egresados, al ingresar a las universidades públicas con todas las ventajas de su mejor formación escolar, ocuparán las plazas supuestamente creadas para los estudiantes pobres de las escuelas públicas, que tendrán enormes desventajas para competir y lograr el ingreso a esas facultades. ¿Saben cuántos egresados de las escuelas privadas estudian en universidades públicas? 45%, y los porcentajes son mayores aún en las facultades más prestigiadas que demandan mayores puntajes para ingresar, entre ellas obviamente medicina e ingeniería alimentaria.

Algo más; como las universidades gratuitas se financian con dinero del Tesoro Público, al que contribuyen los peruanos más pobres al pagar los impuestos asociados al arroz, azúcar, pan, leche o transporte público, resulta que aquellos pobres cuyos hijos jamás pisarán la universidad, financian los estudios superiores gratuitos de quienes gozaron de todas las ventajas por nacer en hogares solventes. En suma, la educación universitaria gratuita la pagan los pobres para beneficio de los más pudientes. ¿A quiénes tienen que agradecer esta gentileza? A los congresistas que redactaron las últimas constituciones y las leyes de educación y universitaria. Mejor dicho, a sí mismos, porque los millones de peruanos pobres, al elegir a los gobernantes y congresistas populistas, eligen a los que hacen estas leyes absurdas.

Tendría mucho más sentido establecer un sistema de crédito para estudios superiores a pagarse cuando el egresado profesional empleado empieza a recibir una remuneración, con una tasa similar a la de un impuesto hasta amortizar el total del préstamo. Esto tendría la ventaja de proveerle a las universidades estatales el triple de recursos, triplicar sueldos de los profesores, implementar modernas bibliotecas y laboratorios, y dar una mejor educación a ricos y pobres. Alumnos destacados gozarían de becas (condonación de deudas). El costo fiscal de cubrir los préstamos impagos de los malos deudores o profesionales subempleados sería mucho menor que financiar al conjunto del alumnado universitario estatal. Así, todos ganan.