Se obliga a los pobres a ser estafados con una formación universitaria deficiente que solo los condenará al empleo precario

«Aunque hayas pagado durante los 13 años de tu educación inicial y escolar privadas, dejarás de pagar por el solo hecho de ingresar a una universidad estatal». Este incomprensible enunciado formula en términos prácticos lo que aprobó la comisión congresal que elabora la nueva Constitución de nuestro pobrísimo Perú. Al parecer no han reparado en que hay un millón de alumnos en la escuela privada cuyos padres pagan mensualmente entre 15 y 750 dólares por la educación de sus hijos, de los cuales 65.000 terminan quinto de secundaria cada año y de los cuales unos 20.000 ingresan a las 33 universidades públicas. Todos ellos, de acuerdo al nuevo proyecto constitucional, quedarán exonerados del pago de la educación que recibirán, al cual sus padres estuvieron acostumbrados por elección propia, durante toda su vida escolar.
Esto obviamente afectará a las universidades estatales por partida doble. Por un lado, porque dejarán de recaudar millones de dólares al año procedentes de estos estudiantes con capacidad de pago. Por otro lado, porque sabiendo que hay un gran déficit de recursos, una merma adicional hará caer más aun la calidad de sus servicios, con lo que se perjudicarán todos, los pudientes y los más pobres, porque todos recibirán una formación deficiente que afectará sus posibilidades futuras de empleo profesional y remuneración adecuada.
En EE.UU. una universidad privada de primera línea cuesta 40.000 dólares al año, aunque hay estatales que cuestan unos 12.000 dólares al año. En el Perú los estudiantes de las universidades privadas de primera línea pagan unos 8.000 dólares al año. En cambio en las públicas el Estado paga menos de 900 dólares por estudiante. Facultados por la Constitución y leyes aún vigentes, estas universidades lograban elevar esta baja inversión en un 20% a 50% con recursos propios, provenientes entre otros del cobro de moderados pagos a los estudiantes pudientes.
Esta opción quedará cancelada si se mantiene el actual dictamen de la nueva Constitución, que prohíbe cobro alguno hasta culminar el segundo título universitario. ¿Quién puede entender el sentido de esto? Parecería que se hace demagogia con la pobreza. Se obliga a los pobres a ser estafados con una formación universitaria deficiente que solo los condenará al empleo precario. ¿Esa es la gratuidad con equidad y calidad que prometen los legisladores?
La respuesta tradicional del Estado peruano ante el reclamo económico de las universidades estatales ha sido no hay dinero, a la que se agrega la tendencia a reducir lo poco que les dan, por lo que tenemos un sistema universitario público que crece en sus necesidades pero decrece en sus recursos. Las únicas maneras de equilibrar esto es recortar parte del quehacer universitario, reducir la calidad o aumentar los recursos. Como los recursos adicionales no van a venir del Estado, tienen que venir de algún otro lado.
Conscientes de las limitaciones financieras del Estado y la creciente demanda por cupos en la educación superior, la tendencia en varios países de América Latina ha sido la de promover la diversificación de las fuentes de ingreso de las universidades, incluyendo el pago de pensiones que hacen los estudiantes en función de su capacidad económica, garantizando a su vez la gratuidad de quienes la requieren, incluyendo la provisión de viáticos y materiales de estudio, vía becas y créditos educativos a ser pagados con los ingresos que obtengan cuando trabajen como profesionales.
Debe ser claro para los congresistas que negarles recursos suficientes e impedir que estos sean autogenerados es un suicidio educacional, una condena a muerte a las universidades públicas la mayoría de las cuales ya están agonizando en materia de competitividad.