¿El Congreso hará otra ley para el uso de tabletas, otra para laptops, otra para relojes inteligentes, otra para anteojos de realidad aumentada (todas ellas con muchas funciones equivalentes a las que se quieren evitar legislando contra los celulares) y otra cada vez que en el futuro haya nuevos dispositivos que conecten a los alumnos a Internet? ¿Es lo mismo legislar para Lima moderna que para zonas menos conectadas a Internet salvo con celulares?

El reciente proyecto de ley del 57//2024  de la comisión de educación, juventud y deportes del del congreso que propone la prohibición del uso de celulares en las instituciones educativas del Perú ha suscitado reparos considerables. Si bien la intención de mejorar el rendimiento académico, reducir el ciberbullying y proteger la salud mental de los estudiantes es loable, surgen preguntas fundamentales sobre la eficacia y la necesidad de legislar sobre dispositivos específicos. ¿Tiene sentido que el Congreso dicte leyes para cada nueva tecnología en lugar de dejar que el Ministerio de Educación (Minedu), con su mayor flexibilidad y capacidad de adaptación, maneje estos temas?

El Minedu está mejor posicionado para adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos y las necesidades emergentes de las escuelas. Puede actualizar directrices, implementar programas piloto y capacitar a docentes de manera continua, respondiendo ágilmente a los avances tecnológicos y las nuevas realidades educativas. Esto contrasta con el proceso legislativo del Congreso, que es más lento y menos adaptable. Una ley aprobada hoy puede volverse obsoleta mañana, dejando a las escuelas atrapadas en un marco legal anticuado.

Legislar sobre el uso de celulares es solo el comienzo. Las tabletas, laptops, relojes inteligentes, anteojos de realidad aumentada y futuros dispositivos conectados a Internet también pueden distraer a los estudiantes. ¿Deberíamos esperar una nueva ley para cada uno de estos dispositivos? En lugar de legislar para cada tipo de dispositivo, debería   considerarse un enfoque basado en principios que se enfoque en los comportamientos y resultados deseados, independientemente del dispositivo. Son esenciales políticas que promuevan el uso responsable de la tecnología, normas claras de conducta digital y flexibilidad para adaptarse a nuevas tecnologías. Este enfoque no solo es más manejable, sino que también es más efectivo a largo plazo.

El Minedu puede desarrollar políticas integrales que aborden el uso de cualquier tecnología en el entorno escolar. Esto incluye programas de alfabetización digital para enseñar a los estudiantes el uso seguro y efectivo de la tecnología, capacitación continua para los docentes y guías de buenas prácticas basadas en la investigación actual. Además, el Minedu puede implementar un sistema de evaluación continua para ajustar las políticas según los resultados y los avances tecnológicos, asegurando que las directrices sigan siendo relevantes y efectivas.

En suma, la tecnología en las escuelas es una realidad que está en constante evolución. Intentar legislar sobre el uso de cada dispositivo específico no es solo impráctico, sino también ineficaz. Un enfoque más sensato y efectivo sería empoderar al Minedu para que desarrolle políticas basadas en principios generales de uso responsable de la tecnología dejando a cada colegio las decisiones específicas a su contexto. De esta manera, puede garantizarse una educación que no solo se mantenga al día con los avances tecnológicos y asegurar que nuestras escuelas estén preparadas para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que la tecnología trae consigo, sin quedar atrapadas en un laberinto de leyes obsoletas y fragmentadas.

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