El pasado 15 de enero el Congreso aprobó la denominada Ley de Protección a la Economía Familiar, respecto al pago de pensiones en centros y programas educativos privados, que ilustra una vez más cuán poco conocen los políticos cómo se maneja una institución educativa privada, que usualmente destina alrededor del 80% de su presupuesto a los pagos mensuales de planilla de trabajadores y profesores, impuestos, gastos corrientes de luz, agua, teléfono, Internet, seguridad, mantenimiento, etc. Si no hay ingresos suficientes se afecta el pago de todo lo anterior, es decir la educación de sus estudiantes.
Propongo, para ser coherentes con este espíritu benefactor del Congreso, cuando menos tres leyes más: Una de protección a la economía familiar que impida el corte de luz, agua y teléfono a quienes no paguen esos servicios. Otra que obligue a todas las farmacias y supermercados a extender un crédito ilimitado a los clientes enfermos o hambrientos que no puedan pagar lo que requieren. Una tercera que prohíba a los bancos embargar bienes cuando el deudor no pueda cumplir sus pagos.
En todos esos casos, se podría advertir a los proveedores de servicios o financiamiento que la manera de sancionar el incumplimiento sea no venderles más o no proveerles el servicio a partir del año siguiente. Suena bastante extraño , ¿verdad? Sin embargo, ese es el espíritu de lo que el Congreso ha aprobado para que sea implantado en las instituciones educativas privadas. La ley remitida al Ejecutivo establece que todos los consumidores de servicios educativos privados quedan liberados de su responsabilidad del pago mensual oportuno, al que se comprometieron voluntariamente, durante el año de estudios en curso.
Debería preocuparnos sobremanera la paradoja siguiente. Por un lado, el Ministerio de Educación y el propio Congreso invitan al Sutep para escuchar sus opiniones y lo integran a las mesas de diálogo sobre asuntos que interesan al magisterio nacional, en aras de buscar consensuar las fórmulas que mejoren la educación pública. Sin embargo, los promotores de la educación privada no reciben tal tratamiento. No se los invita a discutir los proyectos que pueden afectar su actividad y la calidad de sus servicios. ¿Por qué esta discriminación? ¿Por qué un gobierno que quiere concertar o alentar la inversión privada les cierra las puertas a los inversionistas privados en educación? ¿Así se genera confianza? ¿Así se concerta?
Lo peor del asunto es que sabemos que a la larga los perjudicados van a ser las familias a las que supuestamente se quiere beneficiar. Primero, porque no podrán incumplir más de un año, por lo que se verá seriamente afectado el ideal de mantener en un mismo colegio a sus hijos por los 11 años o más que dura su educación. Segundo, porque a los padres de alumnos que vengan trasladados de otros colegios se les va a exigir un informe de sus pagos en el colegio de procedencia, lo que les va a cerrar muchas puertas. Tercero, porque los padres que antes se esforzaban por pagar puntualmente no tendrán mayor aliciente para seguir haciéndolo, con lo que además caerá la calidad del servicio educativo del colegio. Un colegio que no puede estar seguro de su flujo de ingresos no realizará inversiones, no se podrá comprometer a pagar oportunamente o aumentar el sueldo a los profesores, etc. ¿Dónde se ha visto que cuando un usuario deja de pagar un servicio este mejorará?
Una vez más, se parte del principio de que la mayoría de los colegios privados son perversos (tal como se solía pensar de las empresas) y que por lo tanto hay que castigarlos. No creo que así se aliente la inversión privada en educación.

 

 

Educación privada en épocas de pandemia en el Perú.(LT: El camino a la ruina, cierre de instituciones y desempelo docente. Acusioso informe de Hugo Díaz (en Educared) Mayo 2021)