En el Perú hemos llegado a tal nivel de corrupción que nadie confía en nadie. Mucha gente piensa que toda decisión judicial se compra, los ascensos en la Policía y las FFAA se logran juntando bolsas de dinero, los contratos de profesores o elección de directores de UGEL sólo son posibles previa coima, las resoluciones del CNM son motivadas partidariamente, las acusaciones o archivamientos de denuncias en el Congreso dependen de los padrinazgos políticos, y que en toda licitación pública los altos funcionarios reparten las comisiones que provee el ganador, lo que se facilita al dejar que se venzan los plazos de ley para proceder a las adjudicaciones directas.
¿Qué hacer en una situación como ésta? Apelar a los procedimientos legales no garantiza la corrección de los procesos ni la inexistencia de amarres. Pensemos en la opción de acudir a la reserva moral que tienen los pueblos y crear un sistema de auditorías con personalidades que observen los procesos y se pronuncien públicamente sobre sus resultados.
De lo que se trata es de que en cada provincia se identifique a las personalidades del lugar más notables y confiables, que hayan tenido una reconocida trayectoria de vida que haya sido ética y profesionalmente impecable, y que puedan ser invitados como fedatarios o auditores sociales por parte de las instituciones que quieran garantizar ante la comunidad la limpieza de sus actos, con el peso que les da su prestigio y honestidad. Puede incluir a jubilados del Poder Judicial, catedráticos, docentes, religiosos, científicos, periodistas, oficiales (r) de las FFAA y Policiales y otros miembros notables de la comunidad conocidos y reconocidos por sus calidades personales y profesionales. Sería como crear una asociación de los “honestos del barrio”, a quienes se podría acudir para los fines indicados.
Para ello no se requiere ley alguna, porque nadie puede objetar que se invite a observadores a cualquier sesión en la que se decida sobre contratos, licitaciones o nombramientos. La iniciativa podrían tomarla los presidentes regionales, alcaldes, ministros o cualquier otra autoridad que quisiera tener una especie de “ISO-Honestidad” para su gestión.
Esto le conviene a la autoridad limpia, porque le da un certificado de buena conducta; a la ciudadanía, porque se asegura que estos procesos sean limpios; a los fedatarios, porque les reconoce un rol social, y al país, porque le da una salida frente a la telaraña de corrupción.
¿Por qué no intentarlo?