La congresista Mercedes Cabanillas usualmente hace propuestas de ley en temas educativos inspirada, como es natural, en su ideología centroizquierdista y los intereses electorales apristas. Desde esa posición, ha presentado el 18 de octubre un proyecto de ley que modificaría los artículos 4, 5 y 57 de la Ley General de Educación 28044. Con ello ha acogido los reclamos del Sutep –tanto de Nílver López como de Robert Huaynalaya–, que han acusado a la Ley “Helfer-Cabanillas” de ser privatista, de restringir la gratuidad de la educación y la estabilidad laboral magisterial. Teniendo a la vista el debate electoral 2005-6 y la alianza APRA-Patria Roja, estas modificatorias le cubren las espaldas.

Veamos. En el anterior artículo 4 se señalaba que “La educación es un servicio público; cuando la provee el Estado es gratuita en todos sus niveles, modalidades, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política y la presente ley”. El nuevo fraseo incorpora a las universidades en la definición genérica de gratuidad, cerrando cualquier opción de financiamiento compartido Estado-estudiantes, cosa que sí era posible con la redacción anterior, ya que el Art. 51 supeditaba el régimen económico de las universidades a lo que dispusiera la ley universitaria.

El artículo 5 decía: “El Estado ayuda (palabra ahora eliminada), reconoce, supervisa y regula la educación privada con respeto a los principios constitucionales y a la presente ley”. Respecto a los profesores, el artículo 57 decía: “El ingreso a la carrera se realiza mediante concurso público. El ascenso y permanencia (palabra ahora eliminada) se da mediante un sistema de evaluación que se rige por los criterios de formación, idoneidad profesional, calidad de desempeño, reconocimiento de méritos y experiencia”.
En suma, esta ley imposibilitaría al Estado ayudar a la educación privada (pese a tener la obligación de velar por su calidad), impediría el retiro de los profesores que en las evaluaciones evidenciaran ser absolutamente incompetentes, y eliminaría la posibilidad de que cada universidad pública resuelva autónomamente cobrarle algo a los estudiantes pudientes.

De este modo Mercedes Cabanillas, de cuya seriedad y preocupación genuina por la educación no tengo dudas, ha expuesto las ideas desde un lado del espectro político. La pregunta es: ¿qué congresista, de los que dicen ser de centro o derecha, expondrá la tesis contraria para dar el necesario debate político? Sería lamentable que esto se apruebe por ”walk over“.