No hay un solo congresista que haya dado la pelea para ayudar a clarificar cómo esta ley perjudicaría a los profesores

Si el Congreso y el Ejecutivo se propusieron desanimar a los promotores y propietarios de los centros educativos e institutos privados, lo consiguieron. Si se propusieron atemorizar y desalentar a los inversionistas de otros sectores enviándoles el mensaje de que se vienen más leyes antiempresariales, lo consiguieron. No recuerdo desde la época del gobierno del general Velasco tanta preocupación, desaliento y malestar en los promotores de la educación privada, no solo por la orientación tan asimétrica contraria a las instituciones educativas privadas que contiene la Ley de Protección a la Economía Familiar Respecto al Pago de Pensiones de Centros y Programas Educativos, sino porque sus mentores han tipificado a los educadores de la educación privada como si fueran mercaderes desalmados de la educación.

¿Qué pasó? El 15 de enero el Congreso aprobó la Ley 27665 con los votos de todas las bancadas, aduciendo la necesidad de impedir algún maltrato de niños en caso que sus padres dejaran de pagar las pensiones escolares. Sin embargo, a partir del legítimo y correcto objetivo de proteger a los niños, se interfirió con las políticas privadas de precios, cobranzas y contratación, sin incluir ninguna garantía que permita a los colegios exigir el pago oportuno de las pensiones escolares pactadas, así se adeuden muchos meses. Con esto, se desalentará el pago oportuno de las pensiones, debilitando o quebrando la economía de muchas de estas instituciones.
Por si fuera poco, se prohíbe a los colegios exigir que sus alumnos dispongan desde el primer día de clases de sus libros o cuadernillos de trabajo por ejemplo de matemáticas, inglés o lenguaje, lo que evidentemente interferirá con el normal desarrollo de esos cursos.
Durante el plazo legal que tenía el presidente Toledo para promulgar u observar la ley, prefirió no hacer ni una ni otra, por lo que el Congreso la promulgó el 8 de febrero. Varias lecciones políticas se desprenden de todo esto.
Primero, esta ley fue promovida por los líderes del PPC y Unidad Nacional, y avalada por Lourdes Flores, para sorpresa de todos.
Segundo, no hay un solo congresista que haya dado la pelea para ayudar a clarificar cómo esta ley perjudicaría a los profesores, que no podrán cobrar oportunamente sus sueldos y mucho menos aspirar a aumentos, y a los alumnos de padres pagantes, que se retrasarán en sus avances y se afectarán por la falta de caja y garantías para que los colegios inviertan en el mejoramiento de la calidad de los servicios.
Tercero, el presidente Toledo prefirió desentenderse de una ley tan nefasta para la inversión privada. Es difícil creer que él o Raúl Diez Canseco, Roberto Dañino o Pedro Pablo Kuzcynski no se hayan percatado de los efectos perniciosos de esta ley. Parece evidente que hubo una falta de vocación política para enfrentar al Congreso, pese a las pésimas señales que esta ley envía a todo el sector privado. ¿Será que, como se trata de la educación, no importa tanto?
Cuarto, el 15 de febrero el Ejecutivo aprobó el reglamento de la ley con la intención de colocarle una prótesis a la amputada educación privada. Siendo una norma fácilmente modificable y con menor jerarquía que la ley, ¿tendrá estabilidad? Si un padre que no paga apela a la ley, ¿prevalecerá el reglamento?
Cualquier inversionista sensato debe estar pensando que esta puede ser la punta de lanza de una serie de leyes populistas antiempresariales, y que cuando sea políticamente incómodo observarlas, el Ejecutivo también las dejará pasar. Esto anticipa leyes como la del inquilinato que dio el general Velasco en los años 70, que bajo el pretexto de proteger a los inquilinos, controló el precio de los alquileres y prohibió el desalojo de los inquilinos morosos, produciendo efectos perniciosos para la inversión en viviendas de alquiler, que se sienten hasta hoy. Lo mismo se avisora para la educación privada. Si no se corrige esta ley, retrocederemos 30 años.

 

 

 

Educación privada en épocas de pandemia en el Perú.(LT: El camino a la ruina, cierre de instituciones y desempelo docente. Acusioso informe de Hugo Díaz (en Educared) Mayo 2021)