¿Porqué esta en emergencia la educación peruana? Porque el común de los peruanos que asisten a la escuela no logran ni remotamente los objetivos que el estado se propuso al crear el sistema educativo. Según la reciente prueba internacional PISA, los jóvenes peruanos de 15 años no comprenden lo poco que leen ni saben hacer cálculos aritméticos básicos. Esto reitera los resultados del Laboratorio de Medición de la Calidad de la Educación llevado a cabo por UNESCO en 1997 y diversas pruebas nacionales con jóvenes de 4to grado de primaria, 2do grado de secundaria y 4to grado de secundaria. (ver en http://www.minedu.gob.pe/mediciondelacalidad/2003 ) Estas pruebas muestran que los jóvenes peruanas se desempeñan en Lenguaje, Matemáticas y Ciencias como si no hubieran ido al colegio. La educación les ha significado una estafa, un descarado mal uso de miles de horas de asistencia escolar, trabajo, tareas, castigos, para lograr casi nada. La malversación de fondos e ilusiones es la que coloca a la educación en emergencia.

Una de las razones para que eso haya ocurrido es que no aprendimos de la medicina. Si una persona que tiene un tumor maligno no se lo hace extirpar o curar, éste se expandirá hasta producir su muerte. Parecería que la sociedad peruana prefiere la agonía terminal de su educación porque aún no acepta el desastroso diagnóstico ni la idea de una cirugía radical. Todavía vive con la ilusión que hay soluciones mágicas no traumáticas que pueden revertir lo malo sin dolor para convertirlo en bueno. No entiende que muchas de las opciones que se presentan como si fueran simultáneamente posibles en realidad son excluyentes y exigen de los decidores la capacidad de inclinarse hacia una opción y enfrentar las consecuencias políticas que de ello se deriven.

Por ejemplo, siendo finita la cantidad de dinero disponible para educación, los decidores deberían escoger entre atender más alumnos o darles más calidad a los ya atendidos; entre la inversión estatal adicional en la infancia o hacerla en educación superior; entre la gratuidad universal indiscriminada o la equidad para que cada uno pague por los servicios recibidos de acuerdo a su capacidad económica. También deberían escoger entre la estabilidad laboral magisterial perpetua y automática o la estabilidad para quien se supera contínuamente y acumula méritos; entre el centralismo normativo o la autonomía escolar; entre el estímulo a la educación privada o la expansión de la educación pública; entre los derechos del profesor deficiente o el bienestar del alumno afectado; entre el avance apresurado de los programas escolares o la asimilación de los mismos por parte de los alumnos. Muchos peruanos preferirían pensar que es posible lograr todos los beneficios sin afectarse con los perjuicios y sacrificios requeridos, por eso todo el tiempo acumulamos fracasos. Esta voluntad de “quedar bien con todos” y prometer todo aún sin tener la capacidad de cumplirlo se expresa una vez más en la nueva Ley de Educación que aprobó el Congreso. En ella promete calidad, gratuidad, equidad, inversión mínima por alumno, priorización de la educación rural, apoyo de los medios de comunicación, acreditación de instituciones educativas, articulación intersectorial, autonomía escolar, rendición de cuentas, garantía de idoneidad docente, liderazgo del director… pero sin tomar medidas drásticas ni sacrificios. Prescribe que se destinará el 6% del PBI a la educación y que se extenderá la obligatoriedad a la educación inicial, pero sin establecer metas, plazos y compromisos económicos precisos para cumplirlos. Todo ello una vez más hace inviable las promesas que contiene esta ley, así como ocurrió con la de 1982.

Por eso la declaratoria de emergencia de la educación anunciada por la Primera Ministra Beatriz Merino se constituye en la oportunidad para crear las condiciones que permitan romper el estancamiento y permitir que se establezcan metas, acciones, normas legales, plazos, indicadores de logro y compromisos económicos que viabilicen una reforma, de modo que en un plazo de 18 meses se obtengan evidencias de que se revirtió la agonía de la educación peruana.

Eso podría incluir evaluar de inmediato la capacidad lectora y aritmética de los docentes y alumnos de los diversos grados, focalizar los objetivos de los programas y materiales didácticos a usar en el año 2004 para que apuntalen estas habilidades, y capacitar a los profesores para que encaren la enseñanza con una formación renovada, sobre cuyos logros deberían rendir cuentas los profesores, a cambio de las próximas mejoras en sus remuneraciones. Sin embargo, este proceso debe empezar de inmediato. No tiene ningún sentido esperar a conocer el plan hasta diciembre, como lo anunció el presidente Toledo en su discurso del 28.