¿Está listo el Perú para la promulgación de la “Ley Marco de Educación” cuyo predictamen ya está circulando?. La respuesta sería afirmativa si es que los plazos y el proceso seguido para elaborar el proyecto de ley fueran los idóneos, de modo que al promulgarse tuviera la fuerza necesaria para comprometer a todos los involucrados y viabilizar las transformaciones requeridas para saltar de un diagnóstico acertado a las metas claras del futuro. Es decir, si se hubiera concebido como una plataforma para construir la educación que nos proyecte al futuro, en vez de limitarse a amarrarnos a las agotadas y fracasadas fórmulas del pasado. No siendo así, esa ley es precipitada. En educación el método es el mensaje. Es decir, de la forma como se construya una ley se estará construyendo el cambio educativo. La reforma educativa empieza creando una voluntad de cambio, un aprendizaje sobre las alternativas, dilemas, sacrificios y costos que implican estos cambios y luego, un compromiso por llevarlos adelante. Así, ese mismo proceso participativo de analizar los problemas educativos y buscarles una solución se convierte en un modelo vivo de lo que debería hacerse en cada centro educativo para resolver sus propios problemas.
La nueva ley tendría sentido si proveyera las herramientas para dar respuesta a la pregunta ¿cómo es que el Perú logrará que, invirtiendo 250 dólares al año por alumno mal nutrido y 220 dólares mensuales por profesor mal formado, obtendremos egresados competitivos con los europeos o asiáticos en los que se invierten 5,000 dólares al año y 3,000 dólares mensuales por profesor que además es postgraduado?
Si no tenemos una respuesta razonable a esa pregunta, la ley no sirve. En ese sentido la consulta nacional realizada por la comisión de educación no aporta nada nuevo; utiliza preguntas que generan respuestas obvias y que reitera las convicciones del pasado, más no las del futuro. Por otro lado, pese al discurso de la centralidad del niño y las evidencias de la pobreza cultural y profesional de muchos profesores, no se establece explícitamente el principio de que para proteger los derechos del alumno no pueden ejercer docencia los profesores mal preparados, y en tanto no los haya suficientes, hay que declarar en emergencia esta actividad. Tampoco se aborda con coraje el concepto de que como no alcanzan los recursos, es responsabilidad del estado incentivar la expansión de la educación privada y promover la existencia de centros educativos estatales de excelencia que marquen la vanguardia de lo que es capaz de hacer la educación peruana. Tampoco se establece la prioridad absoluta para la actividad educaciona l para niños de 0 a 5 años, los más vulnerables, que por no ser atendidos universalmente se constituyen en el principal factor por el cual las escuelas peruanas resultan ser fábricas de fracasados, según se colige del reciente informe del Ministro Lynch. Cambiar radicalmente las estructuras obsoletas de estas escuelas solo es posible con una población persuadida de los beneficios de realizar cambios estructurales. Por eso es tan importante un debate público que haga docencia respecto a las diversas alternativas, de modo que la población se informe de la catastrófica situación de la educación peruana en sus enfoques actuales, sus opciones para el futuro, las experiencias innovadoras que han dado resultado o fracasado en el Perú y otros países, los esfuerzos y sacrificios que eso demandó y los dilemas que obligó a resolver. Recién entonces los peruanos podrán elegir a conciencia el modelo de desarrollo educativo que desean y el costo que están dispuestos a pagar, para lo cual tendría sentido un acuerdo naci onal por la educación que daría lugar finalmente a la promulgación de la ley. No habiéndose hecho todo eso, sería preferible diferir la promulgación de esta ley para mejor momento.