¿Por qué para unos economistas bajar impuestos estimula la economía más de lo que incrementa el déficit y para otros ocurre exactamente lo contrario? ¿Por qué los jueces de la Corte Suprema, igualmente calificados, frente a los mismos hechos, evidencias y testimonios, tienen votaciones divididas frente a la inocencia o culpabilidad del acusado? Porque por más profesional y decente que sea un académico o profesional, sus juicios de valor están influidos por sus percepciones, experiencias previas, resistencias, prejuicios y factores de personalidad que intervienen al evaluar los temas.
Algo de esto ocurre con los hallazgos de la investigación sobre reformas educativas, como señala Lee Shulman de Stanford, lo que hace difícil tomar decisiones sobre políticas públicas ante evidencias poco contundentes y unívocas. (Edweek, 8/6/2005). Es la razón por la que las decisiones educacionales cruciales e impostergables no deberían ser tomadas por gerentes o advenedizos, sino por personas con amplio conocimiento y experiencia en estos temas, que sepan escoger las evidencias más relevantes y juzgar apelando inclusive a sus propias intuiciones.
Un caso emblemático en EEUU es el de los tests estandarizados. David C. Berliner y Autrey L. Amrein, de la Universidad Estatal de Arizona publicaron el informe “El impacto de las pruebas estandarizadas en el desempeño académico de los estudiantes” (2002), concluyendo que esas pruebas no tienen el impacto positivo esperado en el aprendizaje de los alumnos y que inclusive a veces los afecta negativamente. Una semana después, los economistas Martin Carnoy y Susana Loeb, de Stanford, usando los mismos datos, encontraron que esas pruebas tenían un efecto positivo en los alumnos (revista Evaluation and Policy Analysis). Un mes más tarde, Margaret E. Raymond y Eric A. Hanushek, de la Hoover Institution, concluyeron en la misma línea positiva para las pruebas. Todos eran reputados académicos, pero el uso de métodos de análisis estadísticos diferentes los llevó a resultados distintos y hasta opuestos.
¿Significa eso que no se pueden usar los hallazgos de la investigación para proponer reformas? No, significa que hay que revisar la variedad de análisis existentes y reconocer que es inevitable que la decisión final sea mediada por el juicio humano, y por la capacidad de una comunidad académica de expertos para deliberar, evaluar y sopesar distintas alternativas de acción. Eso no lo pueden hacer los advenedizos, como ha ocurrido no pocas veces en nuestra historia reciente.