Diversos analistas de la educación han mostrado su extrañeza ante sucesivas decisiones del Ministerio de Educación cuya lógica cuesta trabajo entender, aún para quienes tienen un conocimiento y experiencia en el sector.

Vende su local sin tener una nueva sede a la cual mudarse. Aprueba apresuradamente un currículo a fines de diciembre exigiendo su aplicación desde el 1ero de marzo sin que la mayoría de los profesores lo conozcan. Evalúa por 3er año consecutivo a alumnos de 2do grado con pruebas nacionales que producen similares resultados negativos, porque no ha hecho nada sustancial en 1ero y 2do grado como para que mejoren los resultados. Se insiste en una capacitación de decenas de miles de profesores en universidades por 250 horas, sin que eso tenga mayor impacto comprobado en el mejoramiento del desempeño de los alumnos a su cargo en las escuelas.

La última novedad es la tardía publicación de la Directiva N° 013-2009-ME/SO-OGA-UPER publicada recién el 4 de febrero estableciendo que el proceso de contratación de los profesores para cubrir las 40,000 plazas vacantes de este año será conducido por las 26 direcciones regionales de Educación (DRE), que escogerán a los ganadores a partir del orden de méritos que se obtenga a través de una prueba única por región que se tomará el 15 de febrero siguiendo una matriz nacional consistente en 100 preguntas, de las cuales 30 evaluarán conocimientos en materia de comunicación, 20 en temas de razonamiento lógico-matemático, 20 de realidad nacional y regional y, finalmente, 30 en conocimientos pedagógicos generales y específicos.

El resultado del orden de mérito y contrato debería estar listo en una semana para que los ganadores se informen de su resultado, firmen el contrato y vayan a conocer su centro educativo de inmediato para que empiecen a enseñar el 1ero de marzo.
A los plazos inviables y al reiterado error de asumir que esa prueba escrita tendrá la capacidad de distinguir quién será un buen docente en el aula, -con el debido equilibrio psicológico y capacidad de comunicación y control de clase-, se agrega otra deficiencia importante: ¿qué sentido tiene esta modalidad de evaluación cuando el artículo 69 de la ley de educación 28044 y el artículo 13 de la ley de la Carrera Pública Magisterial 29062 crean en cada centro educativo un Consejo Educativo Institucional –CONEI- integrado por el director, el coordinador académico, un representante de los docentes y dos representantes de los padres de familia, que tienen la responsabilidad conjunta de evaluar a los postulantes a plazas docentes para su ingreso a la Institución Educativa?.

¿No hubiera tenido más sentido darle directamente al CONEI la facultad de escoger a los contratados para su colegio, dando prioridad a los contratados del año 2007 ó 2008 que se desempeñaron bien y que ya son conocidos por el colegio? Eso reduciría a unas pocas miles las plazas a llenar si se insiste en estas evaluaciones regionales; solamente para reemplazar a aquellos profesores contratados el año anterior que no hicieron un trabajo satisfactorio.

La norma ministerial lleva al absurdo de que si un maestro A del colegio A aprueba el derecho a ser contratado, y un maestro B de un colegio B también aprueba pero con más puntaje que el maestro A, si el maestro B quiere ir al colegio A desplazará al maestro A que entonces deberá irse a otro colegio, en lugar de quedarse en el colegio A que ya conoce y al cuál ya se adaptó. Esa experiencia y adaptación acumulada se tiran por la borda.

El argumento de que no se puede confiar en el CONEI porque podría haber corrupción es inaceptable por dos razones. Primero, porque en ese caso no tiene sentido que figure en la ley, y así jamás los colegios ganarán experiencia evaluando y contratando a los profesores con los que quieren contar, con el debido control de toda la comunidad educativa. Por lo demás, ¿es más confiable la UGEL que el CONEI?
Segundo, porque si no se puede confiar en el CONEI para escoger limpiamente a un profesor, sería mejor cerrar el colegio de cuyo director, representantes de padres y maestros se asume que se coluden delictivamente para cometer actos de corrupción, porque en ese caso se estaría poniendo en alto riesgo a todo su alumnado.