“La educación anda mal y sólo la tecnología la salvará”. Esa es la bien marketeada propuesta que las transnacionales de la high tech han dado al público norteamericano en los años cincuenta para explicar sus desventajas científicas y tecnológicas frente a los soviéticos que lanzaron el Sputnik y en los años setenta para explicar sus pérdidas en el mercado mundial frente a Japón y Alemania. Similar estrategia siguió la administración Reagan en 1983 con la publicación del reporte “Una Nación en Riesgo”, usando un lenguaje apocalíptico para describir el pésimo estado de las escuelas públicas y vender la tecnología como salvación.
Para prestigiar la solución tecnológica, estas comisiones denuncian insistentemente la baja calidad de la educación pública, usando de modo selectivo los resultados de algunas pruebas, pero callan sobre ellas durante los períodos de apogeo norteamericano pese a mantener las mismas escuelas públicas antes criticadas.
No es casualidad que en EEUU las comisiones presidenciales para el avance de la educación estén presididas por ejecutivos de grandes compañías de high tech. Tampoco que los EEUU hayan invertido 200 billones de dólares entre 1995 y el 2000 para llenar las escuelas de computadoras, sin saber siquiera cómo pueden ser efectivas para elevar el rendimiento de los alumnos y transformar la enseñanza y aprendizaje. Por si fuera poco, debido a que los vendedores de tecnología no interactúan con los profesores sino con los funcionarios y decisores, generalmente las adquisiciones de hardware y software resultan incompatibles con las necesidades y criterios que establecen los profesores. El resultado final es que las computadoras han tenido un uso escolar muy limitado e improductivo y no han transformado la enseñanza ni el aprendizaje.
Los norteamericanos pueden darse el lujo de estas aventuras tecnológicas millonarias, porque es dinero que sacan de un bolsillo y lo meten en el otro, pero ¿acaso debe entrar nuestro pobre Perú en el mismo juego? ¿Tiene sentido esta obsesión por usar los escasos recursos públicos en instalar computadoras en los colegios –sin garantías de mantenimiento–, cuando el costo-efectividad de otras inversiones –como instalar agua y baños– podría ser mucho mayor?
En el contexto actual de disolución familiar y desatención emocional de nuestros niños y jóvenes, ¿no sería más costo-efectivo que aprendan computación en cabinas públicas (financiadas por el Estado) e invertir más recursos en garantizar la presencia de sicólogos y consejeros escolares en las escuelas públicas del Perú?