Perú salió último (41) en Matemáticas, Lenguaje y Ciencias en las pruebas internacionales de PISA del año 2003 con 54% de alumnos que ni siquiera alcanzaron un nivel básico de comprensión lectora. España salió último (26) entre los países europeos que participaron, con un 21% de alumnos incapaces de alcanzar el nivel básico en lectura.
En el Perú esta noticia ni siquiera mereció una primera plana de diario o noticiario alguno. En España, movilizó a toda la opinión pública de tal manera que el gobierno se vio obligado a plantear una reforma educativa, que acaba de dar lugar a un proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) luego de 14 meses de deliberaciones y consultas y que fue recientemente aprobada por el gabinete de Rodriguez Zapatero del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), para ser enviado al Congreso. Con ello paralizaron la aplicación gradual de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que estaba vigente desde el año 2000 cuando gobernaba el Partido Popular de Aznar.
De este modo, de aprobarse sería la sexta ley de educación en democracia y convivirá con la primera de ellas, la LODE 1985 y recuperará ciertos aspectos de las otras tres leyes de la anterior etapa socialista. Así un alumno que tiene ahora 15 años habrá vivido 4 reformas educativas durante su etapa escolar. La nueva ley deroga tres leyes de educación no universitaria que estaban en vigor y convivirá con la primera normativa socialista. Se trata de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990 y la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG) de 1995, ambas de la anterior etapa socialista; además de la Ley de Calidad (LOCE), que aprobó el Partido Popular en 2002, partido que dicho sea de paso se opone ahora al cambio sosteniendo que la reforma no garantiza una educación de calidad, en libertad y equidad, ni responde a criterios de igualdad de oportunidades.
Los tres grandes objetivos de la nueva reforma es garantizar que todo español de 15 años sepa cálculo matemático, comprensión de un texto escrito, sepa escribir y expresarse correctamente. Es decir, estar alfabetizado.
La nueva ley plantea que habrá educación gratuita para niños de 3 a 6 años y jubilación anticipada para profesores de 60 años, de modo que se pueda permitir una renovación de la fuerza docente. En cuanto a la nueva cultura de evaluación se plantea que habrá dos exámenes nacionales de matemáticas y lenguaje para alumnos de 4to de primaria (9 años) y 2do de secundaria (13 años), pero no serán únicas para todo el país -que es tan diverso-, sino que cada colegio preparará las pruebas por sí mismo, a partir de los modelos que presente el ministerio de educación.
La reforma incorpora una nueva asignatura llamada Educación para la Ciudadanía, cuyos contenidos se impartirán en Primaria y Secundaria, con lo que se retrocede de la fórmula anterior que consideraba que la ciudadanía era un tema transversal que debía atravesar a todas las asignaturas en todos los grados. El curso de religión será obligatorio para los colegios, pero voluntario para los alumnos, aunque las notas no contarán para la promoción de grado. La repetición de grado o año podrá ocurrir cuando más una vez en Primaria y dos veces en Secundaria. Los alumnos pasarán al grado siguiente si reprueban una, dos o eventualmente tres asignaturas (este último caso lo resolverán los profesores). Si repite 4 asignaturas, repite de año. En la Secundaria los centros educativos ofrecerán métodos que tengan en cuanta los diferentes ritmos de aprendizaje, permitiéndose subdividir los cursos de matemáticas e idioma extranjero por niveles, de modo que se pueda separar a los más lentos de los más rápidos.
El ministerio de educación mantendrá un currículo nacional de contenidos mínimos, que abarcará el 55% del total, y el resto de los contenidos los resolverán las comunidades autónomas y los propios centros educativos. Para poder ingresar a la universidad los egresados del bachillerato tendrán que superar una prueba única de selección homologada, la cual dará un puntaje que se promediará al 50% con las notas obtenidas en los dos años del bachillerato (alta secundaria), lo que permitirá valorar la madurez académica de los estudiantes.
Resulta interesante anotar que a pesar del severo problema educativo y los cambios de leyes que exhibe España, suele presentársele como una contraparte confiable para asesorar a nuestro ministerio en temas de reforma educativa, pese a que es evidente que no han logrado ni siquiera un planteamiento aceptable para su propio país. En fin… mientras ellos ensayan nosotros dormimos.