¿Cuál es la versión escolar de las manifestaciones que conmocionan al Perú?

Atención, se abre en una ventana nueva. PDFImprimirCorreo electrónico

En reiteradas oportunidades ha habido severas discrepancias en el debate público sobre cómo presentar en los textos escolares las décadas del terrorismo de SL y MRTA entre 1980-2000, cuya definición ha estado orientada por la ideología del gobernante de turno. Hay quienes sostienen que era una insurgencia que, aunque criminal, respondía a la acumulada pésima gestión de los sucesivos gobiernos respecto a los sectores más pobres y vulnerables, poniendo énfasis en que fue criminalmente reprimida por las FF.AA. y policiales. Al frente hay quienes sostienen que las FF.AA. y policiales cumplieron su cometido en defensa del estado de derecho, de acuerdo a los cánones de la vida democrática y la lucha contra el terrorismo. Los excesos son parte de toda guerra, que en todo caso deben ser investigados y sancionados, sin que eso enturbie al conjunto de los actores que cumplieron con la defensa del estado. Como la familia Fujimori sigue vigente en la vida política usando el triunfo sobre el terrorismo como activo favorable, se agrega a lo anterior la dificultad de lograr una narrativa más consensuada. 

Nos encontramos ahora frente a una confrontación similar. Están los que sostienen que las manifestaciones son un producto multimotivado de factores que han encendido la ira popular por el maltrato acumulado de gobiernos corruptos, incompetentes e indiferentes al destino de los más pobres y vulnerables, sumado a la decepción por la vacancia de Pedro Castillo. Ésta es leída como victoria de la derecha y los voceros de la acusación de fraude electoral que desconocían principalmente los votos del sur andino y campesino. Acusan a Dina Boluarte de usurpadora y al gobierno de violador de los derechos humanos de los manifestantes. 

En la vereda del frente, están los que sostienen que en una democracia hay que respetar las formas legalmente vigentes para una sucesión presidencial, y que es inaceptable que manifestantes legítimos se conviertan en actores violentistas contra la propiedad pública, las instalaciones estatales y que perturben el derecho al libre tránsito de todos los peruanos. Las FF.AA. y policiales tienen que actuar con la fuerza necesaria que impida la destrucción de bienes o la toma de instalaciones estatales o privadas. Si en el camino hay heridos y muertos, eso debe ser investigado sin que perturbe la acción del ejecutivo y las fuerzas del orden.

Aunque estamos en período de vacaciones escolares, es previsible que este asunto será parte inevitable de la agenda temática de los colegios en cuanto se reinicien las clases. La pregunta es ¿cómo lo hubieran abordado los maestros en época de clases y cómo lo abordarán próximamente? En el discurso público de los voceros de los diversos grupos magisteriales, se observa que se identifican con los argumentos acusatorios contra Dina Boluarte y el rechazo a la acción policial. Seguramente también habrá maestros en el otro lado de la vereda, aunque actualmente parece que no es lo “políticamente correcto”. Pero si estas versiones estarán en la mente y motivación de buena parte de los maestros, la pregunta sigue siendo ¿cómo  abordarán los maestros en la escuela los temas polémicos como éste, desde la mirada de la construcción de la ciudadanía democrática? ¿Tendrán que seguir los lineamientos de su propia visión? ¿Se ajustarán a lo que esté escrito en alguna guía o texto oficial? ¿Y cómo harán para incorporar las creencias ya formadas que traen los alumnos desde su propia mirada o la que escuchan de sus padres y los medios?

El gobierno parece pensar que estas cosas se resuelven o disuelven con algunos rituales ceremoniales como cantar el himno o incorporar cursos de educación cívica, historia del Perú o formación pre militar, cuyos contenidos los define el ministerio de educación (de turno). 

Los educadores sabemos que esta concepción no es más que una lavandería de conciencias porque la cultura ciudadana y democrática se aprende de las vivencias reales que tiene cada estudiante, fuertemente impactado por lo que vive en su casa, lo que ve en la calle y lo que se difunde por los medios. (Dicho sea de paso, aún en áreas tan concretas, prácticas y más prestigiadas como Lectura y Matemáticas solo una minoría logra incorporarlas de modo significativo a su desempeño cotidiano).   

En mi opinión, esta es una nueva oportunidad para darse cuenta que el colegio cotidianamente debe ser un escenario en el que se estudia, discute y aborda educativamente todos los temas polémicos o problemáticos de la vida ciudadana, y no solamente para actuar reactivamente cuando hay un hecho dramático a la vista. Un colegio habituado a traer a clases temas complejos vinculados a la inseguridad, corrupción, caos en el transporte, colas para atender enfermos, inflación, discriminación, violencia, indiferencia frente a los vulnerables, servicios públicos ineficientes e indolentes, suicidios, sexualidad, adicciones, etc. más que quedarse en la recolección de datos o puesta en la mesa de los puntos de vista en conflicto, se orientan a estudiar y proponer cómo resolver el problema abordado. 

Eso supone confrontarse cotidianamente con los problemas de la vida real, traerlos al colegio, estudiarlos, discutirlos, reconociendo que requieren ser resueltos de modo creativo, colaborativo y democrático, teniendo siempre en mente el deseo de cambiar el mundo para que éste sea un mejor lugar para vivir para todos. Eso no se aprende de repetir rituales o leer, memorizar y rendir exámenes respecto a un texto de educación cívica historia. 

En mi opinión, esta es una nueva oportunidad para darse cuenta que el colegio cotidianamente debe ser un escenario en el que se estudia, discute y aborda educativamente todos los temas polémicos o problemáticos de la vida ciudadana, y no solamente para actuar reactivamente cuando hay un hecho dramático a la vista. Un colegio habituado a traer a clases temas complejos vinculados a la inseguridad, corrupción, caos en el transporte, colas para atender enfermos, inflación, discriminación, violencia, indiferencia frente a los vulnerables, servicios públicos ineficientes e indolentes, suicidios, sexualidad, adicciones, etc. más que quedarse en la recolección de datos o puesta en la mesa de los puntos de vista en conflicto, se orientan a estudiar y proponer cómo resolver el problema abordado. 

Eso supone confrontarse cotidianamente con los problemas de la vida real, traerlos al colegio, estudiarlos, discutirlos, reconociendo que requieren ser resueltos de modo creativo, colaborativo y democrático, teniendo siempre en mente el deseo de cambiar el mundo para que éste sea un mejor lugar para vivir para todos. Eso no se aprende de repetir rituales o leer, memorizar y rendir exámenes respecto a un texto de educación cívica o historia. 

Dicho sea de paso, estos temas para ser comprendidos y asumidos en los desempeños de los estudiantes no debieran considerarse parte de un syllabus de un curso específico, sino abordarse de modo interdisciplinario, como aparecen en el mundo real, partiendo del conocimiento y preocupaciones que traen los estudiantes a clase sobre el tema en cuestión. Por ejemplo, las manifestaciones que están ocurriendo hoy en la calle, responden a una serie de factores que son recogidos de la historia del Perú, la geografía, economía, sociología, derecho, psicología, filosofía, ciencias políticas, y usan fuentes vinculadas a la literatura, arte, estadística y demandan empatía y comprensiones que suponen el apego a ciertos valores morales y cívicos que son propios de la ciudadanía en un país democrático e inclusivo que procura el bien común. Un abordaje así no calza con un tradicional curso de educación cívica o con una formación escolar en la que se canta el himno nacional.

En lo que coincido con las autoridades, es que se requiere urgentemente hacer que la vida escolar ofrezca oportunidades de experiencias que estimulen la educación cívica y democrática de nuestros estudiantes.

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Correo 27 01 2023 

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