Israel define su democracia (en un mundo crecientemente indiferente a los valores de la vida democrática).

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Llegué a Israel a fines de diciembre para una visita familiar, y me encontré en plena transición entre el gobierno saliente de Lapid-Benett de centro izquierda (creyente en la solución de dos  estados para Israel-Palestina y en la pluralidad y plena libertad religiosa) y el reingreso del gobierno de derecha de Benyamin Netanyahu (aliado con los sectores religiosos y ultranacionalistas que no creen en la solución de dos estados y promueven al conjunto de habitantes de Israel normas de vida alineadas con la religión judía). 

A propósito de mi inmersión temporal en Israel, comparto con mis lectores algunos apuntes.

Uno de los principales temas de discordia es el postulado por el ministro de justicia Yariv Levin que considera que hay que reformar el poder judicial, en particular la conformación y  atribuciones de la Corte Suprema, porque sus decisiones desequilibran el mandato que tiene la mayoría del parlamento elegida por votación popular, que permite que con 61 congresistas (sobre 120) se promuevan y aprueban las leyes del Parlamento. No pocas veces la Corte Suprema -que hace las veces de tribunal constitucional en un país que no tiene constitución sino 13 leyes fundamentales que vienen de 1948 con sus consecuentes desarrollos- ha considerado ilegal y por lo tanto inaplicables algunas decisiones del parlamento. En 1995 la Corte Suprema se basó en las leyes fundamentales para señalar su poder de revisión judicial para anular la legislación del Parlamento que se considerara contraria a las Leyes Fundamentales.

El ministro Levin está promoviendo una ley que permita al Parlamento desconocer esta prerrogativa de la Corte Suprema, sosteniendo que la democracia se expresa a través de las posturas de las mayorías en el Parlamento y no por las decisiones de la Corte Suprema. Esta reforma incluye una “ley de anulación” que permitiría a una mayoría de 61 diputados volver a promulgar una ley que haya sido descalificada por la Corte Suprema lo que implica anular la decisión de la Corte Suprema.

Esta norma está atada a una posible controversia entre el gobierno de Netanyahu y la Corte Suprema respecto al nombramiento de Aryeh Deri como ministro de Interior y Sanidad del líder del partido ultraortodoxo Shas, que puso su nombramiento como condición para formar parte de la coalición.

Deri ha sido condenado dos veces por corrupción, una en los años 90 y otra el año pasado, cuando fue inhabilitado por fraude fiscal, obligado a renunciar a su posición ministerial de entonces. Con la legislación vigente, ese nombramiento podría ser anulado por la Corte Suprema por falta de idoneidad ética de Deri para el cargo. En relación a eso se propone la “ley de anulación”. 

La oposición considera que eso desnaturaliza la democracia porque rompe el equilibrio de poderes, a lo que el gobierno responde que no hay tal equilibrio cuando los jueces de la Corte Suprema son mayoritariamente simpatizantes del centro-izquierda de Israel, por lo que sostiene además que hay que modificar la conformación de la Corte Suprema al estilo de lo que Trump hizo con la norteamericana para inclinarla hacia posturas conservadoras. El plan de Netanyahu consiste en aumentar la cantidad de representantes del Ejecutivo (derechista) en la comisión que elige a los jueces.   

La oposición convocó a una multitudinaria manifestación en Tel Aviv (70,000 asistentes) y otras ciudades la noche del sábado 14 para expresar su desacuerdo y está muy activa en los medios para frenar la puesta en práctica de estas propuestas. 

Otro gran motivo de preocupación internacional es la designación del nuevo ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, cuya permanencia en la coalición de gobierno estaba condicionada al ejercicio de sus prerrogativas ministeriales. Su primer acto de gobierno fue visitar por sorpresa la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, rompiendo un status quo que permite a cualquiera visitar esa explanada que es “sagrada” para judíos y musulmanes evitando expresiones políticas como la representada por Ben Gvir.  

Para los musulmanes la explanada es sagrada por la presencia de la mezquita de Al Aqsa y el Domo de la Roca, -desde el cual dicen que Mahoma ascendió al cielo-, y para los judíos es sagrada porque ella es parte del “Monte del Templo” en el que se erigió el Segundo Templo del pueblo judío en Jerusalem.

Esta visita conllevó a amenazas del Hamas de reiniciar una escalada de violencia, recordando el estallido de la intifada que resultó de la visita a la explanada del PM Ariel Sharón en el año 2,000 y la violencia del 2021, que llevó a la confrontación militar de Hamas en Gaza contra Israel. Esta acción de Ben Gvir fue condenado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Egipto, Francia, Jordania, la Organización de la Cooperación Islámica y Palestina. La oposición critica al gobierno diciendo que este tipo de acciones rompe el status quo con los musulmanes y daña la imagen de Israel en momentos en que está logrando un creciente acercamiento y reconocimiento de diversos países árabes-islámicos

En otro orden de cosas, para satisfacer demandas internas de su partido Likud, Netanyahu designó como presidente de la Kneset (Parlamento) a Amir Ohana, que es abiertamente gay y activista de los derechos de la comunidad LGTB dentro y fuera del Likud. Fue elegido por 63 diputados de la coalición pese a que varios de los diputados ultraortodoxos y conservadores nacionalistas que son socios de dicha coalición han expresado posturas homófobas antes y durante la campaña. Para Netanyahu es un leal aliado incondicional de su línea política, que anteriormente fue Ministro de Justicia y Ministro de Seguridad Interna. Su nombramiento le permite a Netanyahu mostrar un aire liberal y pluralista frente a sus seguidores y jaquear a los ultraortodoxos obligándolos a acepar “lo inaceptable” si es que quieren gozar de las prerrogativas de ser aliados de la coalición gobernante.

En suma, el gobierno conservador-nacionalista-religioso liderado por Netanyahu sostiene que ha sido elegido para gobernar expresando la voluntad mayoritaria de los votantes. La oposición considera que esas posturas significan un deterioro a la democracia israelí y los derechos de las minorías afectados no solo por las leyes en curso sino por el peligro de la ideologización de las decisiones del accionar de la policía y las Fuerzas Armadas al mando de ministros nacionalistas, sumado al retroceso que puede ocurrir con los avances de Israel en sus reconocimientos y alianzas internacionales.

Sin ser israelí, como estudioso y observador de historia y política israelí, encuentro interesante observar los desarrollos que ocurren en ese país. Me doy cuenta que estamos en un período de transición que despierta muchas interrogantes y alarmas, pero como ocurre en todas las democracias del mundo, el gobierno elegido tiene una agenda que guía sus decisiones que incluye implementar ciertas reformas. Junto con ello, sabemos que una cosa es lo que dicen los candidatos o inclusive los ministros nombrados en sus discursos, y otra cosa es lo que ocurre en los hechos cuando asumen el gobierno y tienen que confrontar las burocracias y los hechos de la vida real. No pocas veces hemos visto además romperse coaliciones por desavenencias internas en situaciones límite y también hemos visto gobernantes que dejan ladrar a sus ministros más eufóricos para quemarlos, o dejar que hagan de voceros extremos para ablandar a la oposición y luego lograr propósitos de menor envergadura, como lo ha hecho Netanyahu en sus cadencias anteriores como PM. Dicho sea de paso, el Perú es uno de tantos países en el que estas cosas son moneda de todos los días.

En suma, los interesados en el Medio Oriente tienen la oportunidad de seguir de cerca una transición interesante por los debates respecto a cómo se define la vida legal y judicial del único país democrático de la región, rodeado de dictaduras o monarquías teocráticas, sin   perder de vista que todos los países de la región tienen retos internos no menos importantes o dramáticos pero que no son de mayor interés para ser cubiertos por los medios. Después de todo, lo que pasa en Israel es apenas un detalle en relación al catálogo de conflictos nacionales e internacionales que abundan en el planeta. Estos incluyen aquellos de mayor envergadura que involucran directamente a Rusia, China, Estados Unidos, OTAN, Corea Sur/Norte y Japón que pueden derivar en conflictos críticos de escala mundial. 

Lo que enseñan las ciencias políticas es que los países no se conducen siguiendo ciertos valores éticos universales o la convicción del respeto a los Derechos Humanos como condición para hacer alianzas o negocios (el mundial de Qatar o los negocios multinacionales con China y Rusia son solo un par de casos paradigmáticos). Por ello, más que los asuntos de la vida interna de Israel, -o de cualquier otro país, sea Perú, Venezuela, Brasil, China, Líbano, Siria o Qatar-  lo  que realmente le interesa a los países del mundo respecto al Medio Oriente está más vinculado al flujo libre del petróleo y gas, evitar la proliferación del terrorismo y prevenir el desarrollo de armas nucleares en la región, cuyo uso puede derivar en una tercera guerra mundial catastrófica para la humanidad toda. 

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