Buena parte de los psicólogos y psiquiatras han venido alertando de los dramáticos aumentos de problemas de salud mental de los alumnos como consecuencia del prolongado encierro y clausura de colegios por la pandemia. Esos se expresan en conductas depresivas, de aislamiento, irritabilidad a flor de piel, perturbaciones del sueño, inestabilidad emocional, tendencias autodestructivas y expresiones agresivas que incluyen la poca tolerancia a las «molestias» de los compañeros de clase o inclusive reacciones violentas entre ellos. En el ámbito académico, el desgano, la falta de concentración, la pasividad frente a los retos y tareas escolares, así como el pobre desempeño general.

Pese a las reiteradas alertas de los especialistas al poco tiempo de iniciada la cuarentena sobre la urgencia de un pronto retorno de alumnos a los colegios, institutos y universidades como hacían cada vez más países del mundo, las autoridades del Minedu y Minsa prefirieron maltratar a los alumnos impidiendo su retorno a clases por dos años y tomar medidas que en algunos aspectos se mantiene hasta hoy.

Es curioso que cuando se habla del bullying y la incrementada violencia escolar se culpa a los alumnos, así como a los profesores y colegios como espacios que no lo logran contener, y por lo tanto los amenazan con sanciones cuando ocurre, sin reparar en la culpabilidad de los autores mediatos que desde el MINSA y MINEDU actuaron con tanta incompetencia y cobardía durante el período de pandemia, causando enormes heridas emocionales y sociales que en parte están en las raíces de las expresiones escolares de violencia física y psicológica que estamos viendo ahora en los colegios.

Si bien no se puede anular el daño hecho, el estado podría asumir su responsabilidad e intentar repararlo aunque sea a posteriori, apoyando a los colegios en la comprensión, contención y reversión de estos problemas. Eso significa mostrar más apertura respecto a las dificultades de los colegios para lidiar con estos problemas emocionales y conductuales así como darles el apoyo psicológico necesario, en vez de pretender cortarle la cabeza al estudiante agresor y culpar por incompetente al colegio donde esto ocurre (casi todos).

Junto con ello, hacer una minuciosa documentación de estos hallazgos para que en futuras situaciones similares el gobierno tenga referentes para enfrentarlos con más inteligencia y sensibilidad hacia los niños y adolescentes.

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