Cuando leí que el gobierno decretó el sábado que los adultos mayores de 65 años y quienes presenten comorbilidades pueden realizar caminatas de 60 minutos, tres veces a la semana me dejó pensando varias cosas:

Dos de ellas, inmediatas 1) (Académica) ¿De dónde han sacado ese estudio que dice que esa frecuencia y tiempo brindan más seguridad que cualquier otra fórmula? 2) (Práctica) ¿Cómo van a poder medir que eso se cumple y conocer las intenciones del caminante, que por otro lado sí está autorizado legalmente a ir al banco, farmacia o hacer compras de víveres? ¿Van a perseguir con cámaras y cronómetros a estas personas? ¿Cómo van a saber quién presenta comorbilidades?¿Tendremos que salir con un cartelito que diga «tengo diabetes» o asma o problemas cardiovasculares, bajo pena de multa?

Pero luego, intentando entender la intención del Gobierno que sabe perfectamente que el control de esta norma es irrealizable -salvo impedir a quienes a la vista son muy mayores entrar a restaurantes o clubes, porque difícilmente van a pedir el DNI a todos para verificar la edad-, me imagino que la intención es orientar, sugerir, recomendar… Al fin de cuentas, cada persona es responsable de cuidarse y cuidar a quienes entran en contacto en ella.

Pero si se trata de apelar a la autodisciplina, la autoregulación, la convicción interna de que medidas como esa son pertinentes como orientación ¿Qué sentido tiene el lenguaje de la prohibición? ¿Qué sentido tiene decirle a la gente que para que entienda el valor de cuidar su salud, lo voy a rodear de soldados, militares y un talonario de multas para que haga caso? Lo único que se incentiva con eso es la rabia, la indignación y en no pocos casos la rebeldía frente a un absurdo que además es altamente discriminador. Eso es exactamente lo que ha hecho la población en general que ha convertido en Perú en un cementerio de desatendidos por el covid19 y en un océano de trabajadores despedidos y pequeñas empresas quebradas porque no han podido sostenerse con las ineficaces normas gubernamentales.

Creo que el Presidente Vizcarra se equivoca al creer que su popularidad se mide por lo que diga una que otra superficial encuesta de opinión. Su verdadera popularidad se mide en la capacidad de lograr que la gente le haga caso como líder de la nación, y por lo que se ve, más allá de las empresas que se someten a las normas aunque sean engorrosas, costosas y a veces hasta absurdas para poder sobrevivir, el común de la gente no parece actuar respetando la convocatoria presidencial.

Creo que el tono del gobernante en una democracia no debe imitar al del comandante general en un cuartel o el del jefe de un penal, mucho menos si tiene en mente que su actitud sirve de ejemplo de ciudadanía para los niños y jóvenes que asisten a instituciones educativas cuyo currículo aborda estos asuntos.

Debería jugar el rol de líder de la nación, que acompaña a los ciudadanos a construir un entendimiento de las razones de las cosas invocándoles a que se sumen al gran esfuerzo colectivo de sacar adelante al Perú. Pero eso no se logra diciendo «he decidido dar esta norma y si no me haces caso te castigo» porque eso bloquea la construcción voluntaria de las convicciones requeridas para actuar en función del bien común. Tampoco se logra con discursos triunfalistas y soberbios que anuncian ficciones que no se condicen con la realidad.

Un poco de humildad y reconocimiento explícito de errores produciría mucho más credibilidad y aceptación de las buenas intenciones gubernamentales. Además, diluiría la polarización «a favor» y «en contra» que nos viene haciendo tanto daño como nación y daría la apertura necesaria para convocar a gente entendida en las áreas críticas que pueda sentir que sus aportes no caen en saco roto. Si el gobierno actúa como infalible ¿Qué sentido tiene señalar los errores para corregirlos?

No parece muy coherente el concepto de ciudadanía que el Gobierno tiene en su imaginario al dar estas normas con el que se espera que se forje en los colegios de modo reflexivo con el afán de promover la autonomía y el pensamiento crítico.

Quizá no sea tarde para que este tema de la salida de casa de las personas basadas en su autocuidado más que el temor a alguna multa pueda expresar un lenguaje más acorde con la de un Gobierno que funciona como para en la construcción de una ciudadanía responsable. Después de todo, si personas de 65 años con toda la educación y experiencia de vida a cuestas no entienden qué significa cuidarse y solo reaccionan con castigos oficiales, algo mucho más profundo que una norma equivocada debería preocupar a éste y los futuros gobernantes sobre la viabilidad democrática del Perú.

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