En la medida en que la demanda de vacantes universitarias sea mayor que la oferta disponible, las academias serán una instancia percibida como necesaria para muchos alumnos que egresan de la secundaria y que acuden a ellas como un refuerzo que les permite postular con más posibilidades, tal es la opinión del educador León Trahtemberg, quien considera que el control sobre dichos centros de estudio sólo debe limitarse a prevenir y sancionar engaños y problemas de infraestructura, lo que corresponde a Indecopi o a los municipios. ¿Acaso el Ministerio de Educación controla los cines, teatros y otras instituciones que ofrecen actividades culturales? ¿Porqué habría de controlar las academias que no son parte del sistema educativo bajo su responsabilidad?
Se estima que uno de cada cinco egresados de la educación pública postula a las universidades y la proporción se incrementa en los colegios privados. El mercado potencial de las academias es bastante grande: en promedio, cada año postulan a las universidades 350.000 personas.
«La existencia de las academias tiene que ver con la percepción que tienen los estudiantes, que sienten que terminan el colegio y no están preparados para ingresar a los estudios superiores de su preferencia, por lo que buscan un seguro, una ventaja, una especie de garantía de tener mejor preparación», señaló Trahtemberg.
La percepción del educador es que incluso si la educación escolar mejorara notablemente, las academias seguirían teniendo razón de existir: «Todo el mundo tiene la percepción de que la secundaria deja mucho que desear, a lo que hay que agregar la natural diferencia entre oferta y demanda. Siempre que se tenga más postulantes que vacantes, los postulantes buscarán seguros adicionales. Las academias cumplen esa función. Mientras halla una demanda insatisfecha, van a existir academias», explicó.
Consideró que las academias, como instituciones privadas que no ofrecen certificados o diplomas de ningún tipo sino tan solo un servicio de estudios de preparación para examenes, no deben ser fiscalizadas por el Ministerio de Educación al nivel de planes de estudio. Seria como fiscalizar los menús de los restaurantes. Opinó que la proliferación es un problema del mercado en el que no debemos intervenir. «El problema no es la proliferación, sino la calidad. Si alguien quiere ofrecer un servicio, debe tener el derecho de ofrecerlo siempre que cumpla lo que manda la ley. Despues, que cada consumidor elija la academia que quiera», dijo.
«La cuestión de la informalidad de las academias es una cuestión de control. No tiene nada que ver con medidas de control pedagógicas. Cerrar una academia informal es lo mismo que cerrar un bar informal. Esa parte del problema de ilegalidad que le corresponde corregir a las municipalidades o a la policía», concluyó Trahtemberg.