Imagínense a un padre de familia de un colegio estatal que ve en plenos disturbios al maestro de su menor hijo atacando un local público o a la policía, arrojando pintura amarilla a los niños y colegas que asisten al colegio, quemando muñecos que representan al Presidente o al ministro, gritando “libertad para los presos políticos (terroristas)”, “abajo la ley de apología del terrorismo” y otras expresiones similares.

¿Se quedaría tranquilo al reiniciar las clases con que este maestro tenga en sus manos la formación intelectual y la educación en valores de su hijo? Sospecho que no. Si es así, ¿qué capacidad tienen los padres como éste para ejercer su derecho constitucional a ser los primeros educadores de sus hijos? ¿Con qué derecho el Estado puede chantajear a los padres condicionando la educación pública gratuita para sus hijos con la aceptación de ponerlos al cuidado de maestros como el indicado, que los convertirán en violentistas resentidos sociales? Y me he referido solamente a los maestros violentistas. Pero lo mismo es aplicable a cualquier maestro incompetente o sicológicamente perturbado, el cual tiene cautivos a los niños por años, salvo que medie un casi inviable proceso administrativo o judicial para separarlo de su cargo.

Quizá llegó la hora de que los padres de familia organicen su “sindicato” de padres y se pongan al frente de estos maestros cuando quieren tomar y dañar un local escolar, cuando maltratan a los alumnos, o cuando son corruptos e incompetentes. Aquellos que creían que la policía, la autoridad administrativa del ministerio o el Poder Judicial resolverían estos problemas… hace tiempo se desengañaron. Por lo tanto, así como el Congreso debe discutir una nueva “Ley del Magisterio”, debiera discutir la “Ley de los Padres de Familia”, que les reconozca derechos y prerrogativas para cuando sus hijos son afectados por malos maestros. Aunque todo esto se vería facilitado si es que los padres tuvieran el derecho de escoger el centro educativo en el que quisieran educar a sus hijos, y si tuvieran voz y voto a la hora de la contratación, incentivos, sanciones o despidos de los malos docentes en la escuela pública.

¿Qué pasaría si los 10 millones de padres de familia con hijos escolares se organizaran para hacer valer sus derechos, para equilibrar aquellos que reclaman los 300 mil maestros? Estaríamos bastante mejor.